La autonomía de las universidades públicas es perfectamente compatible con la rendición de cuentas; es más, es una palanca indispensable para robustecer el principio de autodeterminación y autogestión que la Constitución les otorgó para asegurar el libre desarrollo de sus tareas, tanto académicas, como culturales. Autonomía sin rendición de cuentas es un privilegio inaceptable, que está reñido con la naturaleza misma y la función pública de las universidades.
Sin embargo, la atención mediática de la que han sido objeto algunas universidades públicas estatales por actuaciones indebidas y malos manejos administrativos, no debe justificar una intromisión de los poderes locales en su vida interna, porque ello atentaría contra su autonomía, dañando su estructura institucional.
A la difusión de la investigación conocida como la “Estafa Maestra”, que realizaron Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción a partir de los informes de la Auditoría Superior de la Federación entre 2011 y 2015, y que puso en evidencia la participación de universidades públicas y tecnológicos estatales en asignaciones que implicaron desvíos millonarios de recursos públicos a través de contratos triangulados con empresas fantasma, se sumó más recientemente la acusación penal por enriquecimiento ilícito y peculado girada en contra del rector de la Universidad Autónoma de Morelos.
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